Contrariamente a lo que se nos quiere imponer como criterio de progresismo y modernidad, no creo que las personas organicen sus comunidades pensando en la territorialidad o en la identidad nacida de motivos históricos – sobre todo si éstos son buscados de manera discriminatoria -, sino más bien por necesidad de encontrar soluciones colectivas a los problemas a los que se enfrentan, incluido el del territorio entendido como espacio en el que desarrollarse. Las señas de la colectividad no se sustentan en principios míticos inamovibles; me inclino más por los racionales y afectivos, y tanto los unos como los otros van evolucionando como evolucionan las personas y la complejidad de las sociedades en las que se desenvuelven. Los partidarios del debate identitario, al contrario, buscan sustento a su argumentación en lo inamovible, en unas supuestas raíces que nos mantendrían anclados a la tierra de origen, también en nuestra manera de organizarnos colectivamente. No debemos olvidar sin embargo que cuanto más primitiva sea una sociedad, más encorsetados se hallarán sus miembros en el autoritarismo de sus normas. Comparten un destino común y cada uno de sus integrantes está llamado a cumplir con las funciones que le corresponden y de un modo predefinido. Si uno no reúne las aptitudes para ejercer satisfactoriamente su cometido o se distancia de sus obligaciones, será expulsado de la tribu. A menudo violentamente, como ocurría en la antigua Esparta. El siglo XX nos dejó también demasiados y trágicos ejemplos de ello, siempre en sociedades en las cuales predominaba la doctrina, en nombre de un pretendido bien colectivo, y se amparaban en argumentos tan poco racionales como el de pertenencia a una raza, a una religión o a una clase social para imponer un destino común y místico.
La sociedad europea del siglo XXI poco tiene que ver con la de la Edad Media, en la cual la mayoría de defensores de la identidad tienen puestos sus ojos y consideran su particular Ítaca, y por ello resultaría una regresión organizarla, en tanto que colectividad netamente diferenciada de la anterior, con parámetros de la época. En una sociedad laica, es decir desprovista de leyes concebidas al calor de dogmas religiosos, espirituales o, sencillamente, de matizaciones tipo “nosotros somos así”, cuyo fin es la justificación de excepciones que atentan contra las pautas democráticas, es preciso desarrollar y alentar la participación de todas las piezas que la componen en pro de integrar en lugar de segregar, sin perder de vista el sano ejercicio que consiste en revisar y actualizar permanentemente esas mismas reglas, normas o leyes con las que se vaya dotando.
Los afectos hacia los demás miembros de una familia son irracionales, pero si en el seno de la misma uno sufre maltratos o sencillamente ve sus derechos individuales conculcados porque forme parte del modo de ser de la familia, lo más lógico será que no acepte el modo colectivo de organizarse.
Quien haya residido largas temporadas en diferentes países habrá podido comprobar cómo su incorporación a colectividades de lo más variadas se verá facilitada cuanto más racional resulte el modo de organizarse de las mismas. Dudo mucho sin embargo que un español, en principio apto para integrarse en una sociedad como la mejicana, por motivos históricos, de lengua y de religión, verdaderas señas identitarias o de colectividad, logre adaptarse al modo de vida de Ciudad Juárez (a menos que se trate de un delincuente). A este mismo ciudadano, poco o nada preparado para desenvolverse en Tokyo (y no me refiero en calidad de turista), le resultará menos complicado adherirse al modo de organización social de esta ciudad, aun no compartiendo seña identitaria alguna con los japoneses.
(He escogido ejemplos extremos para ilustrar mejor mi argumentación teórica).
Un saludo.
10/2/10
Crisis, what crisis?
El texto que sigue es lo que quería publicar como comentario a una entrada en el blog PAISSE, pero que por su extensión no ha sido posible.
UPyD es el primer partido político de España que se ha dado como norma el que todos los afiliados puedan elegir y presentarse a cualquier órgano directivo o deliberativo-representativo, comisión o grupo de trabajo, y ello sin necesitar aval previo alguno, ni como elector ni como afiliado elegible. Así pues, con ocasión de las distintas asambleas territoriales, todos los afiliados tuvieron la oportunidad de postular a ser delegados del I Congreso Nacional de UPyD, tener conocimiento de las diferentes candidaturas, leer y escuchar cuanto tenían que exponer todos los candidatos y elegir a quienes consideraron oportuno hacerlo.
El mismo procedimiento fue el empleado para la elección del Consejo de Dirección, máximo órgano ejecutivo de UPyD, y el que se está poniendo en práctica en el actual proceso de elección de los Consejos Territoriales.
Para los demás órganos nacionales del partido, fuimos los delegados al I Congreso quienes elegimos a los miembros del Consejo Político (máximo órgano “legislativo-normativo” del partido) y a los de las diferentes comisiones (electoral, de garantías, etc.).
Cabe recordar que las normas que rigieron todos los procesos anteriores a las resoluciones del mencionado congreso fueron aprobadas por amplia mayoría por el Consejo Político anterior (un 80%) y que los actuales estatutos también recogieron un abrumador apoyo por parte de los delegados.
La tan mencionada crisis partió de los descontentos con el reglamento interno que, como he dicho anteriormente, fue aprobado por el anterior Consejo Político. Una minoría entendió que un partido político, que desde su Manifiesto Fundacional aboga por listas abiertas en los procesos electorales del conjunto del Estado, no podía “cerrar” las listas de sus órganos internos como son el Consejo de Dirección, Consejos Territoriales, Consejos Locales y comisiones, aunque las dejara abiertas para los diferentes consejos políticos (nacional y territoriales). En realidad el problema para los críticos era que veían peligrar sus “carreras políticas”, conscientes de que el Consejo de Dirección les quedaba así muy lejos por no poder presentar lista alternativa alguna de suficiente calado programático.
¿Y por qué la gran mayoría defendemos este sistema de listas cerradas para los órganos ejecutivos, pero abiertos para los “legislativos”? ¿No resulta ser contradictorio con nuestro ideario? Pues no, nada más lejos de ser así. Queremos listas abiertas para poder elegir a nuestros representantes en los órganos legislativos-normativos: diputados nacionales y autonómicos, concejales, etc., pero somos conscientes de que cualquier gobierno debe ser formado por personas escogidas por quien sustente la responsabilidad de presidirlo. ¿Podemos imaginar un Presidente de Gobierno con ministros impuestos por el intercambio de cromos de las diferentes formaciones políticas o elegidos directamente por los ciudadanos? El resultado sería desastroso, tanto en el primer caso, del cual en Baleares tenemos un muy buen ejemplo, como en el segundo, que me atrevería a ilustrar con un símil futbolístico: ¿y si fuesen los socios de un club de fútbol quienes escogiesen a los jugadores, las posiciones de cada uno de ellos y el estilo de juego? No conozco a ningún entrenador con dos dedos de frente que aceptase el puesto en tal supuesto club.
Como alguien ha comentado en el blog PAISSE, la prensa que poco o nada se hizo eco de las propuestas de UPyD hasta la fecha, pero consciente del papel cada vez más determinante de esta formación, decidió de repente darle voz a esos pocos descontentos con la esperanza de enterrar cualquier atisbo de cambio en el panorama político español. Curioso, ¿no? Como no nací ayer, sé que en democracia lo último que se puede perder es el espíritu crítico y que lo mejor es siempre ir a las fuentes, cuestión de que no nos den gato por liebre. (Y lo mismo hago en el seno de mi partido). Sirva de ejemplo lo poco o nada que uno se puede fiar hoy en día de buena parte de los medios informativos, las numerosas noticias aparecidas en diarios mallorquines después de las elecciones europeas afirmando que Carlos Delgado, Munar (María Teresa, no María Antonia) u otros políticos de diferentes formaciones de las islas estaban negociando su incorporación a las filas de UPyD. Como miembro de la actual Coordinadora Territorial, saliente, puedo afirmar, sin miedo a quemarme en la hoguera, que nada hay de veraz en tales proclamas.
Y volviendo al famoso sector crítico de UPyD y a cuanto la prensa ha querido explotar esa no-noticia: no olvidaré nunca la doble página que le dedicó el ABC a nuestro I Congreso el 21 de noviembre del año pasado. A un lado Valia Merino, cabeza de lista de la candidatura de los críticos. Foto tomada con teleobjetivo a la misma altura del sujeto, éste mirando a la cámara, suavizando contornos faciales. Agradable a la vista, como un lechoncito que ignora lo que le espera cuando entre en la cocina. Al otro, Rosa Díez, foto tomada desde abajo con gran angular, mirada hacia arriba. Resultado: facciones duras, desproporcionadas, la propia de quien va a zamparse al pobre lechoncito. (Y sé de lo que hablo, que la imagen y cómo utilizarla para bien o para mal es mi profesión). Los textos que acompañaban ambas imágenes iban en el mismo sentido (escribo que los textos acompañaban a las imágenes adrede, pues así era. Las fotos de una y otro eran suficientes para predisponerse en el sentido deseado por el editor): entrevista de lo más benévola a Valia, reportaje subjetivo a la hora de referirse al discurso de Rosa Díez.
También recuerdo cuán organizados estaban los delegados del sector crítico: igualito que en la facultad de París cuando los sindicalistas de extrema izquierda consiguieron movilizar a los estudiantes de toda Francia en 1987, sin que estuviéramos seguros del todo si la ley que combatíamos representaba un peligro o un avance real para la mejora de la calidad de la enseñanza universitaria. Una minoría puede conseguir sus objetivos si se organiza, pues las mayorías no suelen hacerlo. Estoy hablando de planos traídos de casa, es decir de todas las provincias de España, de cómo distribuirse por el Palacio de Congresos para parecer más numerosos, miles de fotocopias para llamar la atención sobre su descontento, personas distribuyéndolas, reacciones a discursos orquestadas, pegatinas en pecho, insultos, intento de copar una comisión para poder influir en el resultado de la resolución acerca de los estatutos… Esto último es lo único que realmente parecía interesarles: modificar el espíritu de los estatutos internos del partido. Las demás comisiones, en las cuales tuvieron lugar interesantísimos debates acerca de temas importantes de nuestro ideario, parecían no importarles lo más mínimo. Propuestas, ideas, argumentaciones: ninguna. Descalificaciones hacia el Consejo de Dirección saliente y cuantos no comulgábamos con su estrategia destructiva: todas.
Y así seguimos. Que las diferentes encuestas dan a Rosa Díez como la líder mejor valorada o que nuestras perspectivas de voto mejoran semana tras semana: rescatemos el tema de la crisis interna, seamos los portavoces de los pocos descontentos que, en busca de un trampolín que catapulte sus ambiciones personales y personalistas, han dejado claro que se habían equivocado de partido, pero nunca de la gran mayoría, de los que seguimos trabajando con ilusión por consolidar y dar a conocer este proyecto, sacrificando nuestro tiempo de descanso y de ocio sin contrapartida económica alguna. Dejemos de mencionar que la afiliación aumenta sin cesar, pero pongamos el acento en los que se dan de baja. Como nadie nos pedirá datos objetivos, diremos que son muchos, aunque se puedan contar con los dedos de las manos.
Añado, para quienes llegáis a esta entrada a través del blog PAISSE, el texto final original de mi comentario:
Amigo Daniel, espero que sabrás perdonar mi intrusión en tu blog (aunque finalmente no haya sido así) con tamaño texto, más propio de ser insertado en el mío que no en uno ajeno.
Un abrazo y enhorabuena por el trabajo que realizas. Saludos a tus seguidores, incluida Ruby, cuyo blog he visitado alguna que otra vez gracias a sus repetidas apariciones en el tuyo. No os enfadéis mucho con ella: la democracia es pluralidad.
Kiko
UPyD es el primer partido político de España que se ha dado como norma el que todos los afiliados puedan elegir y presentarse a cualquier órgano directivo o deliberativo-representativo, comisión o grupo de trabajo, y ello sin necesitar aval previo alguno, ni como elector ni como afiliado elegible. Así pues, con ocasión de las distintas asambleas territoriales, todos los afiliados tuvieron la oportunidad de postular a ser delegados del I Congreso Nacional de UPyD, tener conocimiento de las diferentes candidaturas, leer y escuchar cuanto tenían que exponer todos los candidatos y elegir a quienes consideraron oportuno hacerlo.
El mismo procedimiento fue el empleado para la elección del Consejo de Dirección, máximo órgano ejecutivo de UPyD, y el que se está poniendo en práctica en el actual proceso de elección de los Consejos Territoriales.
Para los demás órganos nacionales del partido, fuimos los delegados al I Congreso quienes elegimos a los miembros del Consejo Político (máximo órgano “legislativo-normativo” del partido) y a los de las diferentes comisiones (electoral, de garantías, etc.).
Cabe recordar que las normas que rigieron todos los procesos anteriores a las resoluciones del mencionado congreso fueron aprobadas por amplia mayoría por el Consejo Político anterior (un 80%) y que los actuales estatutos también recogieron un abrumador apoyo por parte de los delegados.
La tan mencionada crisis partió de los descontentos con el reglamento interno que, como he dicho anteriormente, fue aprobado por el anterior Consejo Político. Una minoría entendió que un partido político, que desde su Manifiesto Fundacional aboga por listas abiertas en los procesos electorales del conjunto del Estado, no podía “cerrar” las listas de sus órganos internos como son el Consejo de Dirección, Consejos Territoriales, Consejos Locales y comisiones, aunque las dejara abiertas para los diferentes consejos políticos (nacional y territoriales). En realidad el problema para los críticos era que veían peligrar sus “carreras políticas”, conscientes de que el Consejo de Dirección les quedaba así muy lejos por no poder presentar lista alternativa alguna de suficiente calado programático.
¿Y por qué la gran mayoría defendemos este sistema de listas cerradas para los órganos ejecutivos, pero abiertos para los “legislativos”? ¿No resulta ser contradictorio con nuestro ideario? Pues no, nada más lejos de ser así. Queremos listas abiertas para poder elegir a nuestros representantes en los órganos legislativos-normativos: diputados nacionales y autonómicos, concejales, etc., pero somos conscientes de que cualquier gobierno debe ser formado por personas escogidas por quien sustente la responsabilidad de presidirlo. ¿Podemos imaginar un Presidente de Gobierno con ministros impuestos por el intercambio de cromos de las diferentes formaciones políticas o elegidos directamente por los ciudadanos? El resultado sería desastroso, tanto en el primer caso, del cual en Baleares tenemos un muy buen ejemplo, como en el segundo, que me atrevería a ilustrar con un símil futbolístico: ¿y si fuesen los socios de un club de fútbol quienes escogiesen a los jugadores, las posiciones de cada uno de ellos y el estilo de juego? No conozco a ningún entrenador con dos dedos de frente que aceptase el puesto en tal supuesto club.
Como alguien ha comentado en el blog PAISSE, la prensa que poco o nada se hizo eco de las propuestas de UPyD hasta la fecha, pero consciente del papel cada vez más determinante de esta formación, decidió de repente darle voz a esos pocos descontentos con la esperanza de enterrar cualquier atisbo de cambio en el panorama político español. Curioso, ¿no? Como no nací ayer, sé que en democracia lo último que se puede perder es el espíritu crítico y que lo mejor es siempre ir a las fuentes, cuestión de que no nos den gato por liebre. (Y lo mismo hago en el seno de mi partido). Sirva de ejemplo lo poco o nada que uno se puede fiar hoy en día de buena parte de los medios informativos, las numerosas noticias aparecidas en diarios mallorquines después de las elecciones europeas afirmando que Carlos Delgado, Munar (María Teresa, no María Antonia) u otros políticos de diferentes formaciones de las islas estaban negociando su incorporación a las filas de UPyD. Como miembro de la actual Coordinadora Territorial, saliente, puedo afirmar, sin miedo a quemarme en la hoguera, que nada hay de veraz en tales proclamas.
Y volviendo al famoso sector crítico de UPyD y a cuanto la prensa ha querido explotar esa no-noticia: no olvidaré nunca la doble página que le dedicó el ABC a nuestro I Congreso el 21 de noviembre del año pasado. A un lado Valia Merino, cabeza de lista de la candidatura de los críticos. Foto tomada con teleobjetivo a la misma altura del sujeto, éste mirando a la cámara, suavizando contornos faciales. Agradable a la vista, como un lechoncito que ignora lo que le espera cuando entre en la cocina. Al otro, Rosa Díez, foto tomada desde abajo con gran angular, mirada hacia arriba. Resultado: facciones duras, desproporcionadas, la propia de quien va a zamparse al pobre lechoncito. (Y sé de lo que hablo, que la imagen y cómo utilizarla para bien o para mal es mi profesión). Los textos que acompañaban ambas imágenes iban en el mismo sentido (escribo que los textos acompañaban a las imágenes adrede, pues así era. Las fotos de una y otro eran suficientes para predisponerse en el sentido deseado por el editor): entrevista de lo más benévola a Valia, reportaje subjetivo a la hora de referirse al discurso de Rosa Díez.
También recuerdo cuán organizados estaban los delegados del sector crítico: igualito que en la facultad de París cuando los sindicalistas de extrema izquierda consiguieron movilizar a los estudiantes de toda Francia en 1987, sin que estuviéramos seguros del todo si la ley que combatíamos representaba un peligro o un avance real para la mejora de la calidad de la enseñanza universitaria. Una minoría puede conseguir sus objetivos si se organiza, pues las mayorías no suelen hacerlo. Estoy hablando de planos traídos de casa, es decir de todas las provincias de España, de cómo distribuirse por el Palacio de Congresos para parecer más numerosos, miles de fotocopias para llamar la atención sobre su descontento, personas distribuyéndolas, reacciones a discursos orquestadas, pegatinas en pecho, insultos, intento de copar una comisión para poder influir en el resultado de la resolución acerca de los estatutos… Esto último es lo único que realmente parecía interesarles: modificar el espíritu de los estatutos internos del partido. Las demás comisiones, en las cuales tuvieron lugar interesantísimos debates acerca de temas importantes de nuestro ideario, parecían no importarles lo más mínimo. Propuestas, ideas, argumentaciones: ninguna. Descalificaciones hacia el Consejo de Dirección saliente y cuantos no comulgábamos con su estrategia destructiva: todas.
Y así seguimos. Que las diferentes encuestas dan a Rosa Díez como la líder mejor valorada o que nuestras perspectivas de voto mejoran semana tras semana: rescatemos el tema de la crisis interna, seamos los portavoces de los pocos descontentos que, en busca de un trampolín que catapulte sus ambiciones personales y personalistas, han dejado claro que se habían equivocado de partido, pero nunca de la gran mayoría, de los que seguimos trabajando con ilusión por consolidar y dar a conocer este proyecto, sacrificando nuestro tiempo de descanso y de ocio sin contrapartida económica alguna. Dejemos de mencionar que la afiliación aumenta sin cesar, pero pongamos el acento en los que se dan de baja. Como nadie nos pedirá datos objetivos, diremos que son muchos, aunque se puedan contar con los dedos de las manos.
Añado, para quienes llegáis a esta entrada a través del blog PAISSE, el texto final original de mi comentario:
Amigo Daniel, espero que sabrás perdonar mi intrusión en tu blog (aunque finalmente no haya sido así) con tamaño texto, más propio de ser insertado en el mío que no en uno ajeno.
Un abrazo y enhorabuena por el trabajo que realizas. Saludos a tus seguidores, incluida Ruby, cuyo blog he visitado alguna que otra vez gracias a sus repetidas apariciones en el tuyo. No os enfadéis mucho con ella: la democracia es pluralidad.
Kiko
3/2/10
Lo que realmente preocupa a los ciudadanos de Cataluña: las veguerías
Muchos son, por no decir la gran mayoría, quienes hasta ayer a la hora del telediario nunca habían oído hablar de veguerías. Supongo por lo tanto que los más curiosos entre ellos habrán consultado el Diccionario de la Real Academia Española para encontrar la siguiente definición:
veguería.
1. f. Territorio o distrito a que se extendía la jurisdicción del veguer.
Bien. ¿Y veguer entonces?
veguer.
(Del lat. vicarĭus, lugarteniente).
1. m. Magistrado que en Aragón, Cataluña y Mallorca ejercía, con poca diferencia, la misma jurisdicción que el corregidor en Castilla.
2. m. En Andorra, cada uno de los dos delegados de las soberanías protectoras.
Aclarado el punto de la definición, en aras de profundizar en el análisis de esta nueva iniciativa legislativa de la Generalidad de Cataluña, al observador de la vida política de nuestro país no le quedará otra más que recurrir a enciclopedias y libros de historia para intentar comprender las motivaciones de tal propuesta de ley.
El concepto administrativo de veguería surge durante la Alta Edad Media como alternativa a los Condados y las Mandaciones dentro de los territorios de la Corona de Aragón. Desde el siglo XII y hasta el siglo XVIII los veguers eran funcionarios que asumían las responsabilidades judiciales y de representación de la Corona (Reino de Aragón, Condado de Barcelona, Principado de Gerona, etc.). También en el siglo XII, El Reino de Castilla y Navarra creó una demarcación administrativa equivalente a la veguería: la merindad o el corregimiento
Luego de la Guerra de Sucesión, Felipe V, Decreto de Nueva Planta (1716) mediante, sustituyó las veguerías por doce corregimientos. Casi un siglo más tarde, durante la ocupación francesa (1808 – 1814), Cataluña fue dividida en cuatro departamentos y, ya en 1833, tuvo lugar la división de España en provincias.
Con la II República, en 1936 la Generalidad dividió Cataluña en treinta y ocho comarcas y nueve regiones. Un año más tarde, debido a las presiones de Antoni Rovira i Virgili, Lluís Companys, Presidente de la Generalidad, cambió el nombre de regiones por el de veguerías, tal y como figuraba en el proyecto inicial que databa de 1933. Con el final de la Guerra Civil, el franquismo eliminó toda división territorial ajena a la provincia.
La actual propuesta de la Generalidad contempla la división del territorio que administra en siete veguerías (Barcelona, Gerona, Cataluña Central, Alto Pirineo y Arán, Lérida, Campo de Tarragona y Tierras del Ebro) que a su vez se dividen en cuarenta y una comarcas. De seguir adelante, nuestros vecinos de Cataluña dispondrán, vaya suerte, de ocho administraciones distintas a las que dirigirse a la hora de rendir cuentas o de buscar una solución a sus problemas:
• Distritos Municipales en las grandes urbes
• Ayuntamientos
• Consejos Comarcales
• Veguers
• Diputaciones Provinciales
• Gobierno Autonómico
• Delegaciones Provinciales de Gobierno
• Gobierno Central
¿Solucionará esta nueva administración y división territorial los problemas de los ciudadanos? ¿Responde tal vez esta iniciativa a una demanda popular generalizada que reclamaría un retorno a las formas de organización propias de la Edad Media, aplicando en el siglo XXI criterios del siglo XII? (Esperemos que no pretendan restaurar las veguerías con todo aquello que representaban y suponían para los catalanes, aragoneses y mallorquines de la época).
Entendemos que cuanto más cercana al ciudadano es una administración, mayores beneficios en términos de operatividad aporta, pero en este sentido creemos que mejoraría la atención al ciudadano dotando a los ayuntamientos de las herramientas necesarias a este fin - competencias más presupuesto – en lugar de incrementar el laberinto institucional, con sus respectivos costes, hasta cotas que rozan el ridículo.
No es de extrañar que, aun figurando en el artículo 83 del Estatuto de Autonomía de 2006, la inquietud por dividir territorialmente la Comunidad Autónoma de Cataluña en veguerías provenga de ERC. Ya anunció hace unos años el señor Josep Lluís Carod Rovira su intención de lograr la desconexión de Cataluña respecto del Estado Español en 2014. Es lógico por tanto desconfiar de las buenas intenciones con las que revisten la iniciativa, a saber el acercamiento de la administración a los ciudadanos que hemos comentado anteriormente, y pensar que en realidad se trata de ir desmantelando cualquier institución vertebradora de la unidad de España o, dicho menos elegantemente, todo lo que recuerde a España. El fin, la independencia, justifica que se vayan borrando del vocabulario todos aquellos términos que hacen referencia a dicha unidad.
Mucho nos tememos que esta nueva división ni responde a una demanda popular ni tampoco simplificará las gestiones de los ciudadanos, más bien lo contrario.
De todos es sabido que en facebook proliferan miles y miles de causas, clubes de fans y demás que en pocos días, sino horas, consiguen otros tantos miles y miles de seguidores. Existe en esta red social una causa bautizada “A Catalunya volem vegueries i no províncies” con… 473 miembros. Todo un récord para una iniciativa tan popular. Como preámbulo afirman lo siguiente:
"Catalunya ha de tenir una divisió territorial basada en la vegueria i no en la província, d'arrel espanyola i imposada des de Madrid. Les vegueries constitueixen una administració catalana que va ser abolida amb el desgraciat i de mal recordar Decret de Nova Planta. La seva reinstauració permetrà una nova manera de viure al país, amb una administració més propera a la terra i totalment diferenciada de l'espanyolíssima província, que tan mals ens ha fet."
Sobran los comentarios. (A una de mis primeras entradas en este blog tendré que añadir un nuevo mal: la provincia. Por fin entiendo la profundidad de los problemas que asolan a mi tierra de nacimiento).
Nuestros gobernantes y oposición son los responsables de tanta inmadurez. A cual más, a cual todavía más si puede, llevan treinta años deshojando la margarita de las mitologías ibéricas forzando a los ciudadanos a abrazar identidades rescatadas del momento de la historia que mejor les conviene, en lugar de trabajar por crear una democracia de calidad y cercana al pueblo. Lo importante para el político comprometido con el desarrollo personal, familiar y profesional de sus administrados ¿no debería ser trabajar por conseguir un sistema de educación que no nos relegue en esta materia a un puesto compartido con Trinidad y Tobago, sino que nos llevase a la cabeza de los países de la OCDE, velar por disponer de una sanidad pública eficaz, incidir en algo tan primordial como la seguridad jurídica y la división efectiva de poderes y contribuir a la creación de un mercado laboral avanzado?
Donde no lo había, tenemos un nuevo problema. ¿Cómo desarrollar la “veguerización”? El Penedés reclama una veguería propia, el Valle de Arán y la Cerdaña quieren pertenecer a otra, Igualada, Manresa y Vic se diputan la capitalidad de la suya, al igual que Puigcerdá, La Seu y Sort y Reus quiere conseguir la co-capitalidad junto con Tarragona.
¿Dónde pondrán los adeptos del discurso identitario el límite de la territorialidad? ¿Y el de la soberanía? ¿Habrá quien proponga volver a la organización propia de los reinos de taifas? ¿Le rendiremos cuentas a un señor feudal que a su vez le deberá obediencia a un vasallo de otro vasallo, etc?
Quede claro que no apoyo aquí la idoneidad de mantener las diputaciones o los consejos insulares en una España a la cual le sobran administraciones públicas. Más bien me inclino, como defendemos en UPyD, por simplificar la organización del Estado. Pero este es un tema para otra entrada.
veguería.
1. f. Territorio o distrito a que se extendía la jurisdicción del veguer.
Bien. ¿Y veguer entonces?
veguer.
(Del lat. vicarĭus, lugarteniente).
1. m. Magistrado que en Aragón, Cataluña y Mallorca ejercía, con poca diferencia, la misma jurisdicción que el corregidor en Castilla.
2. m. En Andorra, cada uno de los dos delegados de las soberanías protectoras.
Aclarado el punto de la definición, en aras de profundizar en el análisis de esta nueva iniciativa legislativa de la Generalidad de Cataluña, al observador de la vida política de nuestro país no le quedará otra más que recurrir a enciclopedias y libros de historia para intentar comprender las motivaciones de tal propuesta de ley.
El concepto administrativo de veguería surge durante la Alta Edad Media como alternativa a los Condados y las Mandaciones dentro de los territorios de la Corona de Aragón. Desde el siglo XII y hasta el siglo XVIII los veguers eran funcionarios que asumían las responsabilidades judiciales y de representación de la Corona (Reino de Aragón, Condado de Barcelona, Principado de Gerona, etc.). También en el siglo XII, El Reino de Castilla y Navarra creó una demarcación administrativa equivalente a la veguería: la merindad o el corregimiento
Luego de la Guerra de Sucesión, Felipe V, Decreto de Nueva Planta (1716) mediante, sustituyó las veguerías por doce corregimientos. Casi un siglo más tarde, durante la ocupación francesa (1808 – 1814), Cataluña fue dividida en cuatro departamentos y, ya en 1833, tuvo lugar la división de España en provincias.
Con la II República, en 1936 la Generalidad dividió Cataluña en treinta y ocho comarcas y nueve regiones. Un año más tarde, debido a las presiones de Antoni Rovira i Virgili, Lluís Companys, Presidente de la Generalidad, cambió el nombre de regiones por el de veguerías, tal y como figuraba en el proyecto inicial que databa de 1933. Con el final de la Guerra Civil, el franquismo eliminó toda división territorial ajena a la provincia.
La actual propuesta de la Generalidad contempla la división del territorio que administra en siete veguerías (Barcelona, Gerona, Cataluña Central, Alto Pirineo y Arán, Lérida, Campo de Tarragona y Tierras del Ebro) que a su vez se dividen en cuarenta y una comarcas. De seguir adelante, nuestros vecinos de Cataluña dispondrán, vaya suerte, de ocho administraciones distintas a las que dirigirse a la hora de rendir cuentas o de buscar una solución a sus problemas:
• Distritos Municipales en las grandes urbes
• Ayuntamientos
• Consejos Comarcales
• Veguers
• Diputaciones Provinciales
• Gobierno Autonómico
• Delegaciones Provinciales de Gobierno
• Gobierno Central
¿Solucionará esta nueva administración y división territorial los problemas de los ciudadanos? ¿Responde tal vez esta iniciativa a una demanda popular generalizada que reclamaría un retorno a las formas de organización propias de la Edad Media, aplicando en el siglo XXI criterios del siglo XII? (Esperemos que no pretendan restaurar las veguerías con todo aquello que representaban y suponían para los catalanes, aragoneses y mallorquines de la época).
Entendemos que cuanto más cercana al ciudadano es una administración, mayores beneficios en términos de operatividad aporta, pero en este sentido creemos que mejoraría la atención al ciudadano dotando a los ayuntamientos de las herramientas necesarias a este fin - competencias más presupuesto – en lugar de incrementar el laberinto institucional, con sus respectivos costes, hasta cotas que rozan el ridículo.
No es de extrañar que, aun figurando en el artículo 83 del Estatuto de Autonomía de 2006, la inquietud por dividir territorialmente la Comunidad Autónoma de Cataluña en veguerías provenga de ERC. Ya anunció hace unos años el señor Josep Lluís Carod Rovira su intención de lograr la desconexión de Cataluña respecto del Estado Español en 2014. Es lógico por tanto desconfiar de las buenas intenciones con las que revisten la iniciativa, a saber el acercamiento de la administración a los ciudadanos que hemos comentado anteriormente, y pensar que en realidad se trata de ir desmantelando cualquier institución vertebradora de la unidad de España o, dicho menos elegantemente, todo lo que recuerde a España. El fin, la independencia, justifica que se vayan borrando del vocabulario todos aquellos términos que hacen referencia a dicha unidad.
Mucho nos tememos que esta nueva división ni responde a una demanda popular ni tampoco simplificará las gestiones de los ciudadanos, más bien lo contrario.
De todos es sabido que en facebook proliferan miles y miles de causas, clubes de fans y demás que en pocos días, sino horas, consiguen otros tantos miles y miles de seguidores. Existe en esta red social una causa bautizada “A Catalunya volem vegueries i no províncies” con… 473 miembros. Todo un récord para una iniciativa tan popular. Como preámbulo afirman lo siguiente:
"Catalunya ha de tenir una divisió territorial basada en la vegueria i no en la província, d'arrel espanyola i imposada des de Madrid. Les vegueries constitueixen una administració catalana que va ser abolida amb el desgraciat i de mal recordar Decret de Nova Planta. La seva reinstauració permetrà una nova manera de viure al país, amb una administració més propera a la terra i totalment diferenciada de l'espanyolíssima província, que tan mals ens ha fet."
Sobran los comentarios. (A una de mis primeras entradas en este blog tendré que añadir un nuevo mal: la provincia. Por fin entiendo la profundidad de los problemas que asolan a mi tierra de nacimiento).
Nuestros gobernantes y oposición son los responsables de tanta inmadurez. A cual más, a cual todavía más si puede, llevan treinta años deshojando la margarita de las mitologías ibéricas forzando a los ciudadanos a abrazar identidades rescatadas del momento de la historia que mejor les conviene, en lugar de trabajar por crear una democracia de calidad y cercana al pueblo. Lo importante para el político comprometido con el desarrollo personal, familiar y profesional de sus administrados ¿no debería ser trabajar por conseguir un sistema de educación que no nos relegue en esta materia a un puesto compartido con Trinidad y Tobago, sino que nos llevase a la cabeza de los países de la OCDE, velar por disponer de una sanidad pública eficaz, incidir en algo tan primordial como la seguridad jurídica y la división efectiva de poderes y contribuir a la creación de un mercado laboral avanzado?
Donde no lo había, tenemos un nuevo problema. ¿Cómo desarrollar la “veguerización”? El Penedés reclama una veguería propia, el Valle de Arán y la Cerdaña quieren pertenecer a otra, Igualada, Manresa y Vic se diputan la capitalidad de la suya, al igual que Puigcerdá, La Seu y Sort y Reus quiere conseguir la co-capitalidad junto con Tarragona.
¿Dónde pondrán los adeptos del discurso identitario el límite de la territorialidad? ¿Y el de la soberanía? ¿Habrá quien proponga volver a la organización propia de los reinos de taifas? ¿Le rendiremos cuentas a un señor feudal que a su vez le deberá obediencia a un vasallo de otro vasallo, etc?
Quede claro que no apoyo aquí la idoneidad de mantener las diputaciones o los consejos insulares en una España a la cual le sobran administraciones públicas. Más bien me inclino, como defendemos en UPyD, por simplificar la organización del Estado. Pero este es un tema para otra entrada.
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