Muchos son, por no decir la gran mayoría, quienes hasta ayer a la hora del telediario nunca habían oído hablar de veguerías. Supongo por lo tanto que los más curiosos entre ellos habrán consultado el Diccionario de la Real Academia Española para encontrar la siguiente definición:
veguería.
1. f. Territorio o distrito a que se extendía la jurisdicción del veguer.
Bien. ¿Y veguer entonces?
veguer.
(Del lat. vicarĭus, lugarteniente).
1. m. Magistrado que en Aragón, Cataluña y Mallorca ejercía, con poca diferencia, la misma jurisdicción que el corregidor en Castilla.
2. m. En Andorra, cada uno de los dos delegados de las soberanías protectoras.
Aclarado el punto de la definición, en aras de profundizar en el análisis de esta nueva iniciativa legislativa de la Generalidad de Cataluña, al observador de la vida política de nuestro país no le quedará otra más que recurrir a enciclopedias y libros de historia para intentar comprender las motivaciones de tal propuesta de ley.
El concepto administrativo de veguería surge durante la Alta Edad Media como alternativa a los Condados y las Mandaciones dentro de los territorios de la Corona de Aragón. Desde el siglo XII y hasta el siglo XVIII los veguers eran funcionarios que asumían las responsabilidades judiciales y de representación de la Corona (Reino de Aragón, Condado de Barcelona, Principado de Gerona, etc.). También en el siglo XII, El Reino de Castilla y Navarra creó una demarcación administrativa equivalente a la veguería: la merindad o el corregimiento
Luego de la Guerra de Sucesión, Felipe V, Decreto de Nueva Planta (1716) mediante, sustituyó las veguerías por doce corregimientos. Casi un siglo más tarde, durante la ocupación francesa (1808 – 1814), Cataluña fue dividida en cuatro departamentos y, ya en 1833, tuvo lugar la división de España en provincias.
Con la II República, en 1936 la Generalidad dividió Cataluña en treinta y ocho comarcas y nueve regiones. Un año más tarde, debido a las presiones de Antoni Rovira i Virgili, Lluís Companys, Presidente de la Generalidad, cambió el nombre de regiones por el de veguerías, tal y como figuraba en el proyecto inicial que databa de 1933. Con el final de la Guerra Civil, el franquismo eliminó toda división territorial ajena a la provincia.
La actual propuesta de la Generalidad contempla la división del territorio que administra en siete veguerías (Barcelona, Gerona, Cataluña Central, Alto Pirineo y Arán, Lérida, Campo de Tarragona y Tierras del Ebro) que a su vez se dividen en cuarenta y una comarcas. De seguir adelante, nuestros vecinos de Cataluña dispondrán, vaya suerte, de ocho administraciones distintas a las que dirigirse a la hora de rendir cuentas o de buscar una solución a sus problemas:
• Distritos Municipales en las grandes urbes
• Ayuntamientos
• Consejos Comarcales
• Veguers
• Diputaciones Provinciales
• Gobierno Autonómico
• Delegaciones Provinciales de Gobierno
• Gobierno Central
¿Solucionará esta nueva administración y división territorial los problemas de los ciudadanos? ¿Responde tal vez esta iniciativa a una demanda popular generalizada que reclamaría un retorno a las formas de organización propias de la Edad Media, aplicando en el siglo XXI criterios del siglo XII? (Esperemos que no pretendan restaurar las veguerías con todo aquello que representaban y suponían para los catalanes, aragoneses y mallorquines de la época).
Entendemos que cuanto más cercana al ciudadano es una administración, mayores beneficios en términos de operatividad aporta, pero en este sentido creemos que mejoraría la atención al ciudadano dotando a los ayuntamientos de las herramientas necesarias a este fin - competencias más presupuesto – en lugar de incrementar el laberinto institucional, con sus respectivos costes, hasta cotas que rozan el ridículo.
No es de extrañar que, aun figurando en el artículo 83 del Estatuto de Autonomía de 2006, la inquietud por dividir territorialmente la Comunidad Autónoma de Cataluña en veguerías provenga de ERC. Ya anunció hace unos años el señor Josep Lluís Carod Rovira su intención de lograr la desconexión de Cataluña respecto del Estado Español en 2014. Es lógico por tanto desconfiar de las buenas intenciones con las que revisten la iniciativa, a saber el acercamiento de la administración a los ciudadanos que hemos comentado anteriormente, y pensar que en realidad se trata de ir desmantelando cualquier institución vertebradora de la unidad de España o, dicho menos elegantemente, todo lo que recuerde a España. El fin, la independencia, justifica que se vayan borrando del vocabulario todos aquellos términos que hacen referencia a dicha unidad.
Mucho nos tememos que esta nueva división ni responde a una demanda popular ni tampoco simplificará las gestiones de los ciudadanos, más bien lo contrario.
De todos es sabido que en facebook proliferan miles y miles de causas, clubes de fans y demás que en pocos días, sino horas, consiguen otros tantos miles y miles de seguidores. Existe en esta red social una causa bautizada “A Catalunya volem vegueries i no províncies” con… 473 miembros. Todo un récord para una iniciativa tan popular. Como preámbulo afirman lo siguiente:
"Catalunya ha de tenir una divisió territorial basada en la vegueria i no en la província, d'arrel espanyola i imposada des de Madrid. Les vegueries constitueixen una administració catalana que va ser abolida amb el desgraciat i de mal recordar Decret de Nova Planta. La seva reinstauració permetrà una nova manera de viure al país, amb una administració més propera a la terra i totalment diferenciada de l'espanyolíssima província, que tan mals ens ha fet."
Sobran los comentarios. (A una de mis primeras entradas en este blog tendré que añadir un nuevo mal: la provincia. Por fin entiendo la profundidad de los problemas que asolan a mi tierra de nacimiento).
Nuestros gobernantes y oposición son los responsables de tanta inmadurez. A cual más, a cual todavía más si puede, llevan treinta años deshojando la margarita de las mitologías ibéricas forzando a los ciudadanos a abrazar identidades rescatadas del momento de la historia que mejor les conviene, en lugar de trabajar por crear una democracia de calidad y cercana al pueblo. Lo importante para el político comprometido con el desarrollo personal, familiar y profesional de sus administrados ¿no debería ser trabajar por conseguir un sistema de educación que no nos relegue en esta materia a un puesto compartido con Trinidad y Tobago, sino que nos llevase a la cabeza de los países de la OCDE, velar por disponer de una sanidad pública eficaz, incidir en algo tan primordial como la seguridad jurídica y la división efectiva de poderes y contribuir a la creación de un mercado laboral avanzado?
Donde no lo había, tenemos un nuevo problema. ¿Cómo desarrollar la “veguerización”? El Penedés reclama una veguería propia, el Valle de Arán y la Cerdaña quieren pertenecer a otra, Igualada, Manresa y Vic se diputan la capitalidad de la suya, al igual que Puigcerdá, La Seu y Sort y Reus quiere conseguir la co-capitalidad junto con Tarragona.
¿Dónde pondrán los adeptos del discurso identitario el límite de la territorialidad? ¿Y el de la soberanía? ¿Habrá quien proponga volver a la organización propia de los reinos de taifas? ¿Le rendiremos cuentas a un señor feudal que a su vez le deberá obediencia a un vasallo de otro vasallo, etc?
Quede claro que no apoyo aquí la idoneidad de mantener las diputaciones o los consejos insulares en una España a la cual le sobran administraciones públicas. Más bien me inclino, como defendemos en UPyD, por simplificar la organización del Estado. Pero este es un tema para otra entrada.
24/11/09
Sobre la cobertura periodística del Ier Congreso de UPyD
A cuantas voces se alzan para poner en duda el proceso electoral del Ier Congreso de UPyD, les recordaré que es muy fácil desacreditar sin dar argumentos. Me gustaría que quienes sugieren que hubo fraude diesen el paso adelante, lo afirmaran sin amagos y llevaran su razonamiento, si es que lo tienen, hasta las últimas consecuencias. Claro que con el precedente de la demanda judicial ya pudimos percatarnos de cuánto hay de cierto en todas estas cábalas.
Ayer, en varias tertulias radiofónicas, pudimos comprobar una vez más cuál es la realidad política de nuestro país y, añadiría, también la periodística: especulaciones, tergiversaciones y, en general, falta de rigor analítico es cuanto unos y otros consiguen o deciden comunicar al conjunto de la opinión pública. Digo “consiguen” por la demostrada inoperancia de muchos y “deciden” por la mala fe de tantos otros que se limitan a repetir lo que les dicta la voz de su amo.
Me alegró sin embargo comprobar cómo Arcadi Espada - tenía que ser él y no otro – reprochaba a sus compañeros de tertulia en Onda Cero su exceso de celo a la hora de buscarle connotaciones negativas y ocultas a todo cuanto tuvo lugar y se aprobó durante el Ier Congreso de UPyD. En efecto, si bien son varias las voces de personajes públicos que llevan años reclamando una revisión del modelo de Estado, de la ley electoral o de la separación de poderes (para que ésta sea real y efectiva), en el momento en que un pequeño partido político nace justamente como consecuencia de que un nutrido grupo de ciudadanos, proveniente de los movimientos cívicos, recoge estas demandas - y logra que miles de otros ciudadanos, que nunca se habían comprometido antes con opción política alguna, se unan a este proyecto con ilusión, sacrificando su tiempo de ocio, de descanso o el que dedican a sus familias o incluso trabajo, con el único fin de llevar a bien y transmitir el mensaje de regeneración democrática – esas mismas voces tachan ahora a UPyD de idealista y hasta de demagogo y populista.
Cuando un partido político, sin estar obligado a ello por la ley electoral, decide darle voz, voto y elegibilidad para cualquiera de sus órganos de dirección y decisión al conjunto de sus afiliados, sin necesidad de avales o de compromisarios de por medio, los “profesionales” de la información no encuentran mejor manera de analizar el proceso congresual que prestándole más atención a quienes se dedican a hacer ruido y no a la inmensa mayoría que antepone el trabajo en equipo y el debate de ideas como única y mejor herramienta con la cual construir esta alternativa necesaria para el panorama político y social de España.
Tampoco han faltado críticas por el mero hecho de que los debates del Informe de Gestión y de las ponencias, más sus respectivas enmiendas, fueran a puerta cerrada. ¿En qué afecta esto a la democracia interna del partido? ¿Nos deberían invitar pues los comités de redacción de los diferentes medios de información a asistir a sus reuniones para que nos enterásemos por fin de cómo deciden darle o no – y de qué manera - salida a una noticia?
Todos sabemos aquello de las minorías ruidosas y las mayorías silenciosas.
Ayer, en varias tertulias radiofónicas, pudimos comprobar una vez más cuál es la realidad política de nuestro país y, añadiría, también la periodística: especulaciones, tergiversaciones y, en general, falta de rigor analítico es cuanto unos y otros consiguen o deciden comunicar al conjunto de la opinión pública. Digo “consiguen” por la demostrada inoperancia de muchos y “deciden” por la mala fe de tantos otros que se limitan a repetir lo que les dicta la voz de su amo.
Me alegró sin embargo comprobar cómo Arcadi Espada - tenía que ser él y no otro – reprochaba a sus compañeros de tertulia en Onda Cero su exceso de celo a la hora de buscarle connotaciones negativas y ocultas a todo cuanto tuvo lugar y se aprobó durante el Ier Congreso de UPyD. En efecto, si bien son varias las voces de personajes públicos que llevan años reclamando una revisión del modelo de Estado, de la ley electoral o de la separación de poderes (para que ésta sea real y efectiva), en el momento en que un pequeño partido político nace justamente como consecuencia de que un nutrido grupo de ciudadanos, proveniente de los movimientos cívicos, recoge estas demandas - y logra que miles de otros ciudadanos, que nunca se habían comprometido antes con opción política alguna, se unan a este proyecto con ilusión, sacrificando su tiempo de ocio, de descanso o el que dedican a sus familias o incluso trabajo, con el único fin de llevar a bien y transmitir el mensaje de regeneración democrática – esas mismas voces tachan ahora a UPyD de idealista y hasta de demagogo y populista.
Cuando un partido político, sin estar obligado a ello por la ley electoral, decide darle voz, voto y elegibilidad para cualquiera de sus órganos de dirección y decisión al conjunto de sus afiliados, sin necesidad de avales o de compromisarios de por medio, los “profesionales” de la información no encuentran mejor manera de analizar el proceso congresual que prestándole más atención a quienes se dedican a hacer ruido y no a la inmensa mayoría que antepone el trabajo en equipo y el debate de ideas como única y mejor herramienta con la cual construir esta alternativa necesaria para el panorama político y social de España.
Tampoco han faltado críticas por el mero hecho de que los debates del Informe de Gestión y de las ponencias, más sus respectivas enmiendas, fueran a puerta cerrada. ¿En qué afecta esto a la democracia interna del partido? ¿Nos deberían invitar pues los comités de redacción de los diferentes medios de información a asistir a sus reuniones para que nos enterásemos por fin de cómo deciden darle o no – y de qué manera - salida a una noticia?
Todos sabemos aquello de las minorías ruidosas y las mayorías silenciosas.
8/11/09
Quo Vadis IB3?
Cuando uno viaja al extranjero es bastante común sorprenderse por cuestiones muy aceptadas, incluso interiorizadas como naturales, por los habitantes del país de acogida. De este modo, el viajero español que se desplace a Polonia por primera vez no dará crédito a sus ojos y oídos al encender un televisor y poder disfrutar de una película o serie no polaca en versión original y con una sola voz, monocorde, traduciendo y cubriendo en parte los diálogos. ¿Se habrán vuelto locos los polacos?
Imaginemos una situación opuesta a la que acabo de relatar: un norteamericano viene a nuestro país y en el espacio de un mes recorre toda nuestra geografía. En cada una de sus etapas enciende el televisor y haciendo “zapping” descubre que no sólo tenemos dos canales públicos generalistas (más los temáticos de la TDT), sino que cada comunidad autónoma y, a veces, hasta ayuntamientos, diputaciones provinciales o consejos y cabildos insulares, disponen de uno, dos o más canales de televisión financiados con dinero público, el de todos sus contribuyentes. Nuestro americano pensará que o somos un país con ingentes recursos económicos o que nos hemos vuelto locos.
Y si en lugar de ser norteamericano nuestro visitante fuera alemán, sus comentarios irían seguramente más lejos y se vería obligado a formularnos algunas preguntas estilo ¿cómo financiáis tantos canales públicos? O ¿las cuentas de los mismos son deficitarias? Y, por fin, la que más nos dolería: ¿siendo un país receptor de fondos de cohesión, la UE no llama al orden a vuestro gobierno para que destine todos estos recursos, malgastados, en inversiones y equipamientos generadores de riqueza?
Siendo francos, ¿quién se atrevería a contestar al amigo alemán que nuestro modelo actual de una o dos TV’s públicas por autonomía es viable, económica y comercialmente, y responde a necesidades y demandas culturales e informativas? ¿Quién, a su paso por Baleares, logrará hacerle entender que IB3 TV, según los presupuestos del Gobierno de Baleares para 2010, tendrá un coste de 55.300.000 € y sólo ingresará 4.700.000 €? Y si nos atrevemos a contestarle que además de IB3 TV tenemos IB3 Ràdio, el Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB) y Multimèdia de les Illes Balears y que en total el coste asciende a 124.379.049 € con unos ingresos de sólo 6.419.049 €, estaremos reconociendo que 117.960.000 € son financiados directamente por dinero público a fondo perdido, cantidad equivalente a más de 100 € por habitante de las islas y año.
Por último, nuestro amigo alemán seguramente nos preguntará cuál es el índice de audiencia de IB3 TV. Entonces le podremos decir orgullosos que de media un 5% y con la Fórmula Uno hasta un 12%.
A título indicativo, France Télévisions, ente público con tres canales nacionales, registraba en 2008 un déficit de 100 millones de euros, menos de 2 euros por habitante.
Siguiendo con el “ejemplo francés”, en el país vecino, al igual que en el Reino Unido, Alemania o Italia, existe un impuesto audiovisual, pagadero por hogar y anualmente. En 2009 dicho impuesto asciende a 118 euros/hogar en la metrópoli (cantidad muy inferior en los territorios y departamentos de ultramar). Con este impuesto el Estado Francés financia todo lo siguiente:
· France Télévisions (FR2, FR3, FR5) 59%
· Arte-France 7%
· Radio France 18%
· Radio France International 2%
· RFO (Réseau France Outre-mer) 8%
· INA (Institut National de l’Audiovisuel) 3%
· Gastos de funcionamiento de la tasa 3%
El conjunto de entes financiados gracias a este impuesto quedan comprometidos por ley a:
· ofrecer en los horarios de mayor audiencia un mínimo de 12 tipos diferentes de programas,
· privilegiar en particular la información, el descubrimiento, los espectáculos en vivo, la cultura, los deportes, la programación regional y la dedicada a la juventud,
· apoyar a la industria y creación audiovisual y cinematográfica.
France Télévisions consigue de este modo:
· ser el primer difusor y coproductor de documentales en Francia, inclusive en “prime time”,
· ofrecer 73 ediciones diarias de informativos locales, regionales y nacionales, más 37 magazines de actualidad por semana,
· retransmitir íntegramente grandes acontecimientos deportivos (Tour de Francia, Roland Garros, Juegos Olímpicos, Campeonatos Mundiales de Atletismo, Copa del Mundo de Rugby),
· retransmitir acontecimientos culturales de relevancia tales como festivales de verano.
Cabe preguntarse pues por qué los franceses pueden hacer tanto con 118 euros por hogar y año (más un déficit acumulado de 100 millones de euros en 2008 que representan, repito, menos de 2 euros por habitante) y nosotros, en Baleares, con más de 100 euros por habitante y año tan poco.
Algún día me atreveré a sumar los costes de RTVE y apagaré por siempre el televisor de mi casa.
Quo Vadis España?
Imaginemos una situación opuesta a la que acabo de relatar: un norteamericano viene a nuestro país y en el espacio de un mes recorre toda nuestra geografía. En cada una de sus etapas enciende el televisor y haciendo “zapping” descubre que no sólo tenemos dos canales públicos generalistas (más los temáticos de la TDT), sino que cada comunidad autónoma y, a veces, hasta ayuntamientos, diputaciones provinciales o consejos y cabildos insulares, disponen de uno, dos o más canales de televisión financiados con dinero público, el de todos sus contribuyentes. Nuestro americano pensará que o somos un país con ingentes recursos económicos o que nos hemos vuelto locos.
Y si en lugar de ser norteamericano nuestro visitante fuera alemán, sus comentarios irían seguramente más lejos y se vería obligado a formularnos algunas preguntas estilo ¿cómo financiáis tantos canales públicos? O ¿las cuentas de los mismos son deficitarias? Y, por fin, la que más nos dolería: ¿siendo un país receptor de fondos de cohesión, la UE no llama al orden a vuestro gobierno para que destine todos estos recursos, malgastados, en inversiones y equipamientos generadores de riqueza?
Siendo francos, ¿quién se atrevería a contestar al amigo alemán que nuestro modelo actual de una o dos TV’s públicas por autonomía es viable, económica y comercialmente, y responde a necesidades y demandas culturales e informativas? ¿Quién, a su paso por Baleares, logrará hacerle entender que IB3 TV, según los presupuestos del Gobierno de Baleares para 2010, tendrá un coste de 55.300.000 € y sólo ingresará 4.700.000 €? Y si nos atrevemos a contestarle que además de IB3 TV tenemos IB3 Ràdio, el Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB) y Multimèdia de les Illes Balears y que en total el coste asciende a 124.379.049 € con unos ingresos de sólo 6.419.049 €, estaremos reconociendo que 117.960.000 € son financiados directamente por dinero público a fondo perdido, cantidad equivalente a más de 100 € por habitante de las islas y año.
Por último, nuestro amigo alemán seguramente nos preguntará cuál es el índice de audiencia de IB3 TV. Entonces le podremos decir orgullosos que de media un 5% y con la Fórmula Uno hasta un 12%.
A título indicativo, France Télévisions, ente público con tres canales nacionales, registraba en 2008 un déficit de 100 millones de euros, menos de 2 euros por habitante.
Siguiendo con el “ejemplo francés”, en el país vecino, al igual que en el Reino Unido, Alemania o Italia, existe un impuesto audiovisual, pagadero por hogar y anualmente. En 2009 dicho impuesto asciende a 118 euros/hogar en la metrópoli (cantidad muy inferior en los territorios y departamentos de ultramar). Con este impuesto el Estado Francés financia todo lo siguiente:
· France Télévisions (FR2, FR3, FR5) 59%
· Arte-France 7%
· Radio France 18%
· Radio France International 2%
· RFO (Réseau France Outre-mer) 8%
· INA (Institut National de l’Audiovisuel) 3%
· Gastos de funcionamiento de la tasa 3%
El conjunto de entes financiados gracias a este impuesto quedan comprometidos por ley a:
· ofrecer en los horarios de mayor audiencia un mínimo de 12 tipos diferentes de programas,
· privilegiar en particular la información, el descubrimiento, los espectáculos en vivo, la cultura, los deportes, la programación regional y la dedicada a la juventud,
· apoyar a la industria y creación audiovisual y cinematográfica.
France Télévisions consigue de este modo:
· ser el primer difusor y coproductor de documentales en Francia, inclusive en “prime time”,
· ofrecer 73 ediciones diarias de informativos locales, regionales y nacionales, más 37 magazines de actualidad por semana,
· retransmitir íntegramente grandes acontecimientos deportivos (Tour de Francia, Roland Garros, Juegos Olímpicos, Campeonatos Mundiales de Atletismo, Copa del Mundo de Rugby),
· retransmitir acontecimientos culturales de relevancia tales como festivales de verano.
Cabe preguntarse pues por qué los franceses pueden hacer tanto con 118 euros por hogar y año (más un déficit acumulado de 100 millones de euros en 2008 que representan, repito, menos de 2 euros por habitante) y nosotros, en Baleares, con más de 100 euros por habitante y año tan poco.
Algún día me atreveré a sumar los costes de RTVE y apagaré por siempre el televisor de mi casa.
Quo Vadis España?
6/11/09
Federalismo sí o no (III) - Respuestas que he expuesto a entradas de varios blogs
Aunque no las comparta, entiendo las motivaciones de los reacios al postulado federal. Si bien la definición del modelo de estado que defenderemos una vez finalizado el congreso reviste una gran importancia, también es cierto que tenemos muchos otros temas que debatir y consensuar y que, navegando por foros y blogs afines a UPyD, parece que sólo nos preocupe el relativo a la inclusión del término federal en la ponencia. Y sobre todo lamento que las formas no sean siempre las más afortunadas.
Si no me equivoco, pues no soy ni mucho menos experto en la materia, en varios aspectos nuestra Constitución del 78 tomó ejemplo de la Carta Magna de la RFA, pero en lo relativo al modelo territorial se quedó a medio camino entre las aspiraciones soberanistas de los unos y la voluntad por controlar un cambio de modelo tranquilo de los otros. También destila cierto resquemor a llamar las cosas por su nombre. De ahí que deshoje el modelo federal sin atreverse a plantearlo sin tapujos. El consenso al que llegaron los constituyentes se reveló no ser tal a partir del momento en que los diputados del PNV se abstuvieron a la hora de votar la CE o cuando nacionalistas de todo color han aprovechado y siguen aprovechando esta circunstancia para legitimar reclamaciones y fundamentar leyes sospechosamente inconstitucionales - como todos sabemos la puerta se quedó a medio abrir (o a medio cerrar, según se vea) -.
Creo poder afirmar que en UPyD estamos todos de acuerdo en la necesidad de cerrar el modelo territorial y para ello ¿no sería primero necesario enmendar el artículo 1.2 relativo a la soberanía y añadir acto seguido en el mismo artículo, como lo hace la Constitución Francesa y sin más retórica, que “ninguna sección del pueblo ni ningún individuo puede atribuirse su ejercicio” en lugar de necesitar de otro artículo (el 3º) para fundamentar la Constitución “en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles” obviando en este punto a la soberanía? Puede ser que esté confundiendo conceptos de teoría del estado, pero deduzco que la unidad de la Nación española es indisoluble, pero no queda tan claro cuando nos referimos a la soberanía del pueblo español de la cual emanan los poderes del Estado.
Mi defensa de un modelo federal no data de la ponencia de nuestro primer congreso y me preocupa que en UPyD nos dividamos entre autonomistas y federalistas. Igual peco de pragmático al considerar que no por mucho inventarnos un modelo de estado acertaremos. La CE de 1978, con su reconocimiento del “derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones” que integran la Nación española, no resuelve, como nos demuestra el proceso de transferencias a las CCAA y de reformas de los diferentes estatutos de autonomía, la cuestión del modelo territorial. Más bien todo lo contrario. Por ello me parece más sensato definir, sin miedo, a España como estado federal, tomando como referencia el ejemplo alemán y aclarando el tema de la soberanía. De este modo no se podrá interpretar esta reforma como una concesión más a los soberanistas.
Si no me equivoco, pues no soy ni mucho menos experto en la materia, en varios aspectos nuestra Constitución del 78 tomó ejemplo de la Carta Magna de la RFA, pero en lo relativo al modelo territorial se quedó a medio camino entre las aspiraciones soberanistas de los unos y la voluntad por controlar un cambio de modelo tranquilo de los otros. También destila cierto resquemor a llamar las cosas por su nombre. De ahí que deshoje el modelo federal sin atreverse a plantearlo sin tapujos. El consenso al que llegaron los constituyentes se reveló no ser tal a partir del momento en que los diputados del PNV se abstuvieron a la hora de votar la CE o cuando nacionalistas de todo color han aprovechado y siguen aprovechando esta circunstancia para legitimar reclamaciones y fundamentar leyes sospechosamente inconstitucionales - como todos sabemos la puerta se quedó a medio abrir (o a medio cerrar, según se vea) -.
Creo poder afirmar que en UPyD estamos todos de acuerdo en la necesidad de cerrar el modelo territorial y para ello ¿no sería primero necesario enmendar el artículo 1.2 relativo a la soberanía y añadir acto seguido en el mismo artículo, como lo hace la Constitución Francesa y sin más retórica, que “ninguna sección del pueblo ni ningún individuo puede atribuirse su ejercicio” en lugar de necesitar de otro artículo (el 3º) para fundamentar la Constitución “en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles” obviando en este punto a la soberanía? Puede ser que esté confundiendo conceptos de teoría del estado, pero deduzco que la unidad de la Nación española es indisoluble, pero no queda tan claro cuando nos referimos a la soberanía del pueblo español de la cual emanan los poderes del Estado.
Mi defensa de un modelo federal no data de la ponencia de nuestro primer congreso y me preocupa que en UPyD nos dividamos entre autonomistas y federalistas. Igual peco de pragmático al considerar que no por mucho inventarnos un modelo de estado acertaremos. La CE de 1978, con su reconocimiento del “derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones” que integran la Nación española, no resuelve, como nos demuestra el proceso de transferencias a las CCAA y de reformas de los diferentes estatutos de autonomía, la cuestión del modelo territorial. Más bien todo lo contrario. Por ello me parece más sensato definir, sin miedo, a España como estado federal, tomando como referencia el ejemplo alemán y aclarando el tema de la soberanía. De este modo no se podrá interpretar esta reforma como una concesión más a los soberanistas.
Federalismo sí o no (II) - Respuestas que he expuesto a entradas de varios blogs
La legitimación de los delegados al Primer Congreso Nacional de UPyD no se sustenta en el hecho de haber presentado muchas o pocas enmiendas, o que éstas sean meras correcciones ortográficas o verdaderas ponencias alternativas, sino en el haber sido elegidos en asambleas territoriales por el conjunto de afiliados inscritos en el censo del partido. Siguiendo ciertos razonamientos, deberían ser delegados aquellos que hubieran presentado enmiendas a la totalidad de las ponencias. Nada más lejos de un planteamiento democrático o, llevando al extremo los mismos, UPyD debería contar con un número por lo menos 100 veces mayor de diputados en el Congreso, puesto que Rosa Díez presenta muchas más proposiciones de ley y no de ley que sus compañeros de cámara.
Federalismo sí o no (I) - Respuestas que he expuesto a entradas de varios blogs
Si bien es cierto que “en una estructura federal no queda claro dónde reside la soberanía” (Conceptos Fundamentales de Ciencia Política de Ignacio Molina), no por ello se debe entender que ésta recaiga en cada una de las federaciones que la componen. En el ejemplo norteamericano, del cual surge el primer estado federal de la historia, “estados previamente soberanos pactaron unirse con un vínculo más fuerte que el basado en el derecho internacional, propio de las confederaciones”. Aun así, y desde entonces, son varios los ejemplos de estados federales nacidos de un proceso inverso de descentralización o autonomización de las partes integrantes del mismo.
Es pues la constitución de un estado federal la que establece dónde reside la soberanía y no el propio término federal. El pacto al que algunos se refieren no tiene porqué ser entre entes territoriales, sino que puede ser ejercido por el conjunto de la soberanía popular.
Es pues la constitución de un estado federal la que establece dónde reside la soberanía y no el propio término federal. El pacto al que algunos se refieren no tiene porqué ser entre entes territoriales, sino que puede ser ejercido por el conjunto de la soberanía popular.
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